La reevaluación de la prohibición para contratar seguros de fraude, propuesta por el Banco Central en su último Informe de Sistemas de Pago, podría marcar un punto de inflexión para el mercado asegurador y las empresas insurtech. En medio del alza sostenida de los casos de estafas digitales y las tensiones entre bancos y clientes, el sector asegurador vislumbra un espacio para aportar innovación, cobertura y confianza.

El debate sobre la protección de los usuarios ante fraudes digitales vuelve al centro de la conversación financiera. A raíz de los recientes conflictos entre clientes y bancos, que incluyen demandas judiciales por operaciones desconocidas y acusaciones de indefensión, el Banco Central de Chile planteó en su Informe de Sistemas de Pago 2025 la necesidad de “reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude”, vigente desde 2020. El planteamiento, aunque técnico, podría tener profundas implicancias para el ecosistema asegurador y las empresas insurtech que buscan ampliar las coberturas ante delitos digitales en el país.

La discusión surge en un contexto de aumento sostenido de los fraudes en medios de pago, los cuales, según cifras citadas por el académico Francisco Labarca, superaron los 670 mil casos durante 2023, duplicando los registros de años anteriores. La modificación de la Ley de Fraudes de 2024 buscó frenar esa tendencia al endurecer los requisitos para las devoluciones automáticas, pero ha generado un nuevo escenario de litigación y desconfianza entre los consumidores.

Durante los últimos meses, numerosos clientes contaron en medios, como El Mercurio, que fueron demandados por sus propios bancos, pese a afirmar haber sido víctimas de estafas. En distintos testimonios publicados por la prensa, usuarios describieron experiencias similares: una sensación de desprotección frente a las instituciones financieras y la dificultad de demostrar su inocencia ante cargos realizados desde lugares remotos o mediante dispositivos que nunca utilizaron.

Estos episodios, más allá de su carácter anecdótico, exponen las tensiones que la Ley de Fraudes ha generado entre instituciones financieras y usuarios. Según explica Andrés Erbetta, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, “el estándar que le imponía la ley, y que le sigue imponiendo en cierto modo al emisor, es muy alto, porque debe probar que hubo dolo o culpa grave de parte del usuario”, lo que ha llevado a algunas entidades a judicializar casos para evitar la restitución de fondos.

El Banco Central reconoció en su informe que la ley actual, pese a sus mejoras, presenta vacíos y rigideces que han terminado trasladando los conflictos al terreno judicial. “La sede jurisdiccional se presenta como el canal a través del cual los bancos y sus clientes deben intercambiar antecedentes, lo que resulta en una carga para todos los involucrados, tanto de gestión como financiera”, advierte el documento.

Por esa razón, el instituto emisor propone una revisión más amplia del marco regulatorio, sugiriendo mirar experiencias internacionales donde el riesgo de fraude es compartido entre emisores y receptores del pago, e incluso cubierto mediante seguros especializados. “Existe espacio para seguir mejorando el marco legal en Chile. Convendría evaluar los efectos y la eventual aplicabilidad de la experiencia de otras jurisdicciones y reevaluar la prohibición para la contratación de seguros de fraude, dado que el balance de riesgo para los usuarios cambió luego de la modificación legal de 2024”, señala textualmente el Banco Central.

Un cambio de enfoque que podría abrir una nueva era insurtech

La posibilidad de permitir nuevamente los seguros de fraude digital podría representar una oportunidad concreta para fortalecer la protección al consumidor y dinamizar la innovación insurtech en Chile. En 2020, la legislación había prohibido expresamente a las instituciones ofrecer este tipo de seguros, bajo el argumento de que los bancos debían asumir la responsabilidad en casos de fraude. Sin embargo, con la nueva ley y sus mayores restricciones, esa protección automática ya no es tan amplia como antes.

Hoy los usuarios se encuentran en una zona gris: sin una protección legal plena ni la posibilidad de acceder a un seguro que los respalde. Este vacío regulatorio abre un espacio donde el sector asegurador, y particularmente las empresas insurtech, podrían ofrecer soluciones que complementen la cobertura institucional, integrando tecnología, trazabilidad y herramientas de prevención.

La propuesta del Banco Central no pasa inadvertida para los especialistas. José De Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ya había advertido en mayo sobre la excepcionalidad del caso chileno: “No existe ningún país en el que se prohíban los seguros. No existe. Y cuando uno crea una cosa nueva, lo primero que tiene que pensar siempre, es una cosa básica, es decir: ¿por qué no lo hacen los otros? Esa es la primera pregunta que uno hace. Y si los otros no lo hacen, es porque debe haber alguna razón de fondo”.

De hecho, experiencias internacionales refuerzan ese diagnóstico. En Reino Unido, el Payment System Regulator estableció un modelo compartido de responsabilidad en los fraudes donde el usuario es engañado para autorizar transferencias (“scam frauds”), obligando tanto a la institución emisora como a la receptora a reembolsar los fondos de manera equitativa. En paralelo, existen seguros de cobertura complementaria que permiten mitigar el impacto financiero de esos delitos.

Según el Banco Central, “una consecuencia del mayor uso de pagos digitales y de los sistemas de pagos instantáneos es el aumento de los fraudes”, lo que obliga a combinar regulación, educación y tecnología para reducir los riesgos. La reintroducción de seguros de fraude podría ser una pieza más de ese engranaje, otorgando una capa adicional de protección al usuario sin desplazar las obligaciones de las entidades financieras.

El interés ciudadano por contar con ese tipo de respaldo también es evidente. Una encuesta de opinión pública de Descifra —alianza entre Copesa y Artool— reveló que el 55% de las personas estaría dispuesto a pagar por un seguro que las proteja ante fraudes digitales, mientras que un 45% no lo haría. Este dato muestra un apetito potencial que podría impulsar el desarrollo de nuevos productos aseguradores basados en tecnología y confianza.

Las insurtech, con su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y crear soluciones personalizadas, podrían liderar este proceso. Plataformas basadas en inteligencia artificial, autenticación biométrica, blockchain o análisis de comportamiento transaccional permitirían diseñar seguros dinámicos y adaptativos, ajustados al perfil de riesgo de cada usuario. Además, la integración con bancos y fintechs facilitaría un monitoreo preventivo de operaciones, reduciendo los tiempos de detección de fraudes y mejorando la experiencia del cliente.

En este escenario, el planteamiento del Banco Central podría servir como catalizador para una reforma más equilibrada, que mantenga las responsabilidades de los bancos, pero otorgue a los usuarios la libertad de contratar protección adicional. No se trata solo de una cuestión de compensación económica, sino también de restaurar la confianza en los medios de pago digitales, una condición clave para la expansión del comercio electrónico y las finanzas abiertas.

El desafío, coinciden los expertos, será diseñar un marco que evite la duplicación de coberturas o el riesgo moral, pero que al mismo tiempo fomente la innovación y la competencia. Para las insurtechs, el momento parece propicio: los usuarios exigen más seguridad, las instituciones financieras buscan reducir su exposición y la tecnología ofrece herramientas que hace una década eran impensadas.

La discusión está abierta, y aunque el debate sobre la responsabilidad en los fraudes sigue tensionando la relación entre usuarios y bancos, la propuesta del Banco Central introduce un camino alternativo: permitir que el seguro, y especialmente la innovación insurtech, se conviertan en un aliado estratégico para reconstruir la confianza digital.

Fuentes:
https://www.emol.com/
https://chocale.cl/
https://www.latercera.com/
https://www.bcentral.cl/