Mientras Chile avanza en el reconocimiento del cuidado como parte de la protección social, persiste una pregunta que todavía tiene pocas respuestas desde el mercado asegurador: ¿qué ocurre con la persona que sostiene diariamente ese cuidado?

La interrogante adquiere especial relevancia frente al envejecimiento de la población y a otras situaciones de dependencia. Cuando alguien pierde autonomía, el impacto alcanza a familias enteras, parejas, hijos y otros familiares que deben reorganizar su tiempo, reducir jornadas laborales, asumir gastos adicionales y, en muchos casos, postergar sus propios proyectos para hacerse cargo de otra persona.

Chile ya cuenta con mecanismos que reconocen algunas de estas necesidades. La Ley SANNA, por ejemplo, creó un seguro obligatorio que permite a padres, madres y determinadas personas a cargo de niños y niñas con condiciones graves de salud ausentarse justificadamente del trabajo y recibir un subsidio que reemplaza total o parcialmente su remuneración.

Ese precedente resulta interesante porque demuestra que el cuidado puede ser abordado también desde una lógica aseguradora. Sin embargo, SANNA responde a situaciones específicas de niños y jóvenes con diagnósticos médicos críticos. Para quienes cuidan a adultos mayores o personas con dependencia, la protección se encuentra principalmente en políticas y programas sociales, mientras el mercado privado todavía tiene espacio para desarrollar soluciones dirigidas específicamente a ese riesgo.

En febrero de 2026, Chile dio un paso institucional relevante con la entrada en vigencia de la Ley N°21.805, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. La norma reconoce como sujetos de derecho tanto a las personas que necesitan cuidados como a quienes los proporcionan, sean remunerados o no, y plantea un modelo de corresponsabilidad que incorpora al Estado, las familias, la comunidad y el mercado.

En agosto de este año, la Ley N°21.835 introdujo nuevas modificaciones destinadas a facilitar la implementación y funcionamiento de este sistema. El escenario, por tanto, está cambiando: el cuidado deja progresivamente de ser visto como un asunto exclusivamente privado y comienza a formar parte de una arquitectura más amplia de protección social.

Del riesgo de dependencia al riesgo del cuidador

En el ámbito privado, el mercado asegurador chileno ha desarrollado algunas soluciones orientadas a mitigar las consecuencias económicas de la pérdida de autonomía en las personas mayores. Sin embargo, estas coberturas están diseñadas exclusivamente en función del adulto mayor que requiere asistencia, dejando fuera de su foco a la persona cuidadora como tal. De esta manera, persisten desprotegidos los riesgos propios que enfrenta quien asume esta labor, como la interrupción de sus ingresos laborales, el desgaste en su salud mental y la falta de mecanismos financieros para acceder a servicios de respiro o relevo.

Desplazar el centro de atención hacia la persona que cuida exige a la industria redefinir la naturaleza misma del siniestro. En este enfoque, el evento asegurable deja de ser la pérdida de autonomía del familiar y pasa a ser la interrupción de la capacidad operativa o económica del cuidador. Esto implica estructurar coberturas que reaccionen ante contingencias médicas, eventos de sobrecarga emocional o accidentes que le impidan temporalmente ejercer su rol, garantizando la continuidad de la atención sin poner en riesgo la estabilidad del hogar.

Esta distinción conceptual abre un espacio inédito para el desarrollo de soluciones insurtech y nuevos modelos de distribución. El desafío para el sector no radica en sofisticar las pólizas de dependencia tradicionales, sino en diseñar coberturas ágiles, desde microseguros paramétricos hasta esquemas de beneficios corporativos B2B2C para empresas que buscan reducir el ausentismo laboral de colaboradores cuidadores, que transformen esta necesidad social en una oferta sostenible y de alto impacto.

El Estado ya ha comenzado a abordar parte de estas necesidades. Chile Cuida reúne distintas herramientas de apoyo para personas cuidadoras y existen iniciativas como el estipendio para cuidadores de personas con dependencia severa, la Credencial de Persona Cuidadora y los programas de Cuidados Domiciliarios de SENAMA. También existen iniciativas específicas, como el programa Cuidando a quienes Cuidan del Gobierno de Santiago, que incorpora asistentes de cuidado, apoyo sociosanitario, limpieza, capacitaciones y espacios de respiro.

El punto es que estas respuestas muestran algo importante: las necesidades del cuidador ya están identificadas. Lo que todavía tiene espacio para evolucionar es la forma en que distintos actores pueden complementar esa protección y convertirla en soluciones más permanentes, accesibles y adaptadas a las distintas etapas del cuidado.

Japón: cuando el seguro busca aliviar la carga familiar

La experiencia de Japón permite observar hasta dónde puede llegar este enfoque. En 2000 comenzó a operar el Kaigo Hoken, un seguro público y obligatorio de cuidados de larga duración creado para que la dependencia en la vejez dejara de ser una responsabilidad exclusiva de las familias. El sistema financia atención domiciliaria, enfermería, rehabilitación, centros de día y residencias, entre otros servicios.

Su diseño es especialmente interesante porque no se limita a entregar recursos económicos. Una vez que se determina el nivel de necesidad, se establece un plan de servicios y el seguro financia directamente prestaciones proporcionadas por entidades autorizadas. Entre ellas existen estadías breves destinadas a dar descanso a los cuidadores familiares, además de atención domiciliaria y servicios disponibles durante las 24 horas.

En otras palabras, el sistema protege directamente a la persona que necesita cuidados, pero al mismo tiempo puede disminuir parte de la carga que recae sobre su familia. Esa lógica resulta especialmente relevante para un país como Chile, donde el cuidado de personas mayores continúa dependiendo en gran medida de las redes familiares.

La experiencia japonesa también muestra que un sistema de cuidados no elimina el problema. En 2022, alrededor de 6,3 millones de personas de 15 años o más seguían proporcionando cuidado o apoyo a una persona mayor. Más de 3,6 millones también tenían empleo y cerca del 65% de los cuidadores informales eran mujeres. El seguro redistribuyó parte de la responsabilidad, pero no reemplazó a las familias ni eliminó las consecuencias laborales y sociales del cuidado.

Ese matiz es importante para la industria aseguradora: no basta con financiar la dependencia; también hay que entender qué ocurre alrededor de ella.

España y Estados Unidos: otras formas de proteger a quien cuida

España ofrece otra aproximación. Los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia que cumplen determinados requisitos pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. Actualmente, las cotizaciones de estos convenios son financiadas por la Administración del Estado, lo que permite que el período dedicado al cuidado mantenga una vinculación con la protección previsional del cuidador.

La medida aborda una consecuencia que muchas veces queda fuera de la conversación sobre dependencia: el costo previsional de dejar o reducir una actividad laboral para cuidar a un familiar. No es un seguro privado, pero sí demuestra que proteger al cuidador puede significar también proteger sus ingresos futuros y su trayectoria laboral.

En Estados Unidos existe una aproximación distinta mediante los llamados Personal Care Agreements (Acuerdos de Cuidado Personal). Estos contratos permiten formalizar la relación entre una persona que recibe cuidados y un familiar que los proporciona, estableciendo las tareas, horas y remuneración. El modelo busca ordenar económicamente una relación que, de otro modo, puede permanecer completamente informal.

A esto se suma un mercado de seguros dirigido a cuidadores profesionales. Empresas como Zensurance ofrecen coberturas de responsabilidad para personas que trabajan profesionalmente en el cuidado, mientras CM&F Group comercializa seguros de responsabilidad profesional específicos para companion caregivers, con protección frente a determinados reclamos derivados de su actividad.

Estos productos no están diseñados para el cuidador familiar no remunerado y, por tanto, no constituyen una respuesta directa al problema que enfrenta Chile. Sin embargo, muestran que el riesgo asociado al cuidado puede ser identificado, segmentado y asegurado cuando existe una actividad claramente definida y una necesidad concreta de protección.

Una oportunidad para las insurtechs

Para Chile, el siguiente paso podría estar en combinar estas distintas experiencias y trasladarlas a las necesidades de las familias cuidadoras. Una solución podría incorporar cobertura frente a accidentes, orientación psicológica, asistencia médica, servicios de respiro o mecanismos para financiar temporalmente a una persona que reemplace al cuidador principal.

También podrían explorarse coberturas relacionadas con la interrupción de ingresos. Para una persona que debe reducir su jornada laboral o abandonar temporalmente su empleo para cuidar a un familiar, el impacto económico puede ser tan relevante como el propio evento que originó la dependencia.

Aquí las insurtechs tienen un espacio particularmente interesante. La tecnología permite identificar a los usuarios, coordinar servicios, facilitar la contratación y construir productos modulares que respondan a diferentes niveles de necesidad. Una póliza podría, por ejemplo, combinar una cobertura financiera con asistencia psicológica, teleorientación, servicios de acompañamiento y horas de reemplazo para situaciones específicas.

El desarrollo tampoco tendría que traducirse necesariamente en un producto completamente nuevo e independiente. Las aseguradoras podrían explorar coberturas complementarias dentro de seguros de vida, salud, dependencia o protección familiar, incorporando beneficios dirigidos al cuidador cuando ocurre un evento de dependencia.

La prevención también abre otra posibilidad. En lugar de intervenir únicamente cuando el cuidador ya está sobrecargado, una solución aseguradora podría incorporar herramientas para detectar señales de agotamiento, orientar sobre recursos disponibles y facilitar el acceso oportuno a servicios de apoyo. En este punto, la tecnología puede actuar como una capa de acompañamiento, no simplemente como un canal para contratar o gestionar una póliza.

El desafío será diseñar estas soluciones sin trasladar al cuidador una nueva carga de trámites. Si el objetivo es proteger a una persona que ya enfrenta una responsabilidad exigente, la experiencia debe ser simple, accesible y humana. En determinados casos, especialmente cuando se trata de personas mayores o familias con necesidades complejas, la tecnología puede facilitar el acceso, pero no necesariamente reemplazar el acompañamiento de una persona.

El avance de Chile hacia un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados abre, en ese sentido, una conversación que va más allá de la política pública. También plantea una pregunta para el sector privado: ¿qué riesgos quedan todavía fuera de la protección disponible?

El cuidado es uno de ellos. Alrededor de cada persona que necesita asistencia existe otra persona que organiza su vida para proporcionarla. Esa segunda persona también enfrenta riesgos financieros, laborales, físicos y emocionales. Reconocerlos puede ser el primer paso para que aseguradoras e insurtechs desarrollen una nueva generación de soluciones: no solo para proteger a quien necesita cuidados, sino también a quien hace posible que esos cuidados ocurran.

Fuentes:
https://www.saludadultomayor.cl
https://ltcarenav.com