Este sábado 2 de agosto entraron en vigor disposiciones clave de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Reglamento 2024/1689), marcando un hito en la gobernanza tecnológica global. Por primera vez, se exigirá a las empresas proveedoras de IA de propósito general, como ChatGPT, Gemini o Claude, cumplir con requisitos obligatorios de transparencia, seguridad y documentación técnica para operar legalmente en los 27 Estados miembros.

La implementación de la normativa se está llevando a cabo por fases y contempla sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global por incumplimiento, según confirmó la Comisión Europea. A partir de ahora, quienes desarrollen, implementen o distribuyan modelos de IA en Europa deberán demostrar, por ejemplo, con qué datos se entrenaron sus sistemas, cómo se mitigan sesgos y qué medidas se adoptan para resguardar derechos fundamentales.

Pero la normativa no está exenta de controversias. Mientras Google, OpenAI, Microsoft y otra veintena de empresas firmaron voluntariamente el nuevo Código de Buenas Prácticas, Meta se negó a adherir, argumentando que el marco “ahoga la innovación”. La ley también ha despertado críticas internas: la fragmentación institucional, la falta de autoridades de supervisión preparadas en algunos países y la demora en guías técnicas podrían dificultar su aplicación homogénea.

Un espejo para Chile: ¿riesgo de sobrerregulación?

En paralelo, Chile avanza con su propio proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial, presentado el 7 de mayo de 2024 por el Ejecutivo y actualmente aún en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El texto, elaborado tras más de 60 reuniones técnicas con representantes del sector productivo, universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, y ahora integrado a una moción parlamentaria, toma como referencia, casi de forma textual, a la regulación europea, incorporando la clasificación por niveles de riesgo, la fiscalización estatal y normas sobre ciberseguridad y transparencia algorítmica.

Expertos nacionales han advertido que Chile podría estar cayendo en una trampa de imitación normativa sin adaptarla a su realidad tecnológica. “Como un país pequeño de menos de 20 millones de habitantes, estamos adoptando una parte importante de aspectos normativos de la UE que conglomera a 27 países, y que posee una realidad tecnológica, cultural, social, estratégica, empresarial y bélica/defensa, diametralmente diferente a la de nuestro país.(…) Considerando nuestra realidad y estado incipiente, debería haber una normativa que más bien incentive el desarrollo local en todo el ecosistema más que castigar y controlar per se todo lo que se realice”, señala el Dr. John Atkinson, especialista en IA.

Además, voces del sector académico y de la industria han cuestionado la decisión de asignar la fiscalización de esta futura ley a la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que aún no cuenta con la autonomía ni el presupuesto suficiente para abordar los múltiples desafíos técnicos y legales que implica supervisar tecnologías tan complejas.

Sin embargo, el proceso sigue abierto y se mantiene un diálogo activo con diversos sectores. “El propósito era escuchar a la industria respecto del proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso Nacional. Hemos recibido distintas opiniones, observaciones críticas, pero también muy explícitamente la voluntad de seguir conversando y acercando las posiciones que necesitamos para avanzar en un proyecto que tenga un amplio respaldo”, indicó el ministro de Ciencia, Aldo Valle.

¿Fomento o freno? El dilema del marco chileno

Uno de los principales riesgos que identifican los expertos es que una sobrerregulación termine beneficiando solo a grandes corporaciones, que tienen facultades para cumplir con exigencias técnicas y legales, mientras margina a startups, centros de I+D o PYMES que trabajan en innovación local.

Como advierte el Dr. John Atkinson, “nuestra regulación local comparte las mismas características punitivas de la europea. Más allá de los castigos por los eventuales riesgos detectados en los sistemas de IA y otras normativas que se estipulan (i.e., ética, explicabilidad, transparencia, sesgos, justicia algorítmica) prácticamente no existe incentivo alguno para las instituciones, empresas y emprendimientos que desean desarrollar y/o utilizar tecnologías de IA”. 

En la misma línea, Renato Jijena, Profesor de Derecho Informático PUCV, alerta sobre un problema estructural que podría debilitar la fiscalización y protección efectiva en esta materia: “Pareciera que los promotores del proyecto no conocen o no analizaron las competencias de una Autoridad de Protección de Datos en el Derecho Comparado, sobre todo si será de poco alcance institucional y presupuestario la contemplada para Chile, la que además dependerá del Ministerio de Hacienda para sus reglamentaciones y no del Ministerio de Justicia, como debía ser”. Esta asignación poco adecuada de responsabilidades podría limitar la capacidad de la autoridad para enfrentar los complejos desafíos que plantea la regulación de la IA, afectando tanto la protección de datos personales como la supervisión efectiva de sus aplicaciones.

Frente a estos cuestionamientos, diversos actores del ecosistema coinciden en que la normativa requiere ajustes que no solo fortalezcan el control, sino que también promuevan el desarrollo de capacidades locales.

¿Qué lecciones puede aprender Chile de Europa?

A un año de su promulgación, la Ley de IA europea ya enfrenta ajustes. La Comisión Europea debió retirar del calendario 2025 una directiva complementaria (AI Liability) tras las críticas por su rigidez. Además, aún no existe consenso sobre definiciones técnicas clave, como qué es una IA, o “riesgo significativo” o “inferencia”, lo que genera incertidumbre tanto en empresas como en autoridades.

La experiencia europea debería servir de aprendizaje para que la legislación chilena evite repetir errores y adopte un enfoque que, además de establecer sanciones, impulse el desarrollo y la adaptabilidad, favoreciendo la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la competitividad nacional en IA.

Andrea Triat, directora ejecutiva y cofundadora de InsurteChile, señala: “La normativa chilena tiene la oportunidad de transformarse en una palanca para la innovación y la competitividad. Si logramos equilibrar la regulación con mecanismos que incentiven la investigación, el emprendimiento, la colaboración público-privada y los derechos de las personas, podremos generar un ecosistema de inteligencia artificial capaz de competir a nivel internacional y responder a las necesidades locales”.

La regulación de la IA no es ajena al sector insurtech. Muchas startups que operan en esta industria utilizan sistemas automatizados de evaluación de riesgo, detección de fraude y procesamiento inteligente de datos sensibles. Si la ley chilena no establece diferencias claras entre niveles de riesgo o si se aplican obligaciones excesivas a soluciones de bajo impacto, se corre el riesgo de ralentizar el desarrollo de innovaciones que hoy permiten a las aseguradoras ofrecer productos más personalizados, inclusivos y eficientes.

Sobre lo anterior, Andrea Triat comenta: “En el rubro insurtech, la inteligencia artificial ya está ayudando a ampliar la cobertura y a personalizar los seguros según las necesidades reales de las personas. Para que este avance continúe, la regulación debe ser flexible y proporcional, permitiendo que las soluciones de bajo riesgo se implementen sin obstáculos innecesarios y sin redundancias con otras normativas, mientras se mantengan controles adecuados para sistemas de alto impacto”.

Por eso, el debate no debe centrarse sólo en cuánto regular, sino en cómo hacerlo de forma inteligente, proporcional y adaptada a la realidad chilena, especialmente en sectores emergentes como el insurtech, donde la IA tiene el potencial de democratizar el acceso a servicios financieros esenciales.

Fuentes:

https://es.euronews.com/
https://www.france24.com/
https://www.biobiochile.cl/
https://www.diarioconstitucional.cl/ 
https://www.minciencia.gob.cl